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Fuente: Fedecámaras Zulia
Abril, 02-2019

Para que cualquier empresario del mundo pueda verse interesado en ejercer una actividad que le genere no sólo productividad individual, sino que contribuya a la producción de bienes y servicios necesarios para lograr la calidad de vida de sus usuarios, es menester que se materialicen varias condiciones.

En primer lugar, gozar de seguridad jurídica, la cual se fundamente en instrumentos legales claros que prescriban estabilidad en las reglas de juego, que produzcan variables macroeconómicas sólidas en materia de políticas monetarias y cambiarias, que le permitan diseñar y planificar estrategias y escenarios seguros. Dentro de este esquema, el tema de los salarios y la estabilidad laboral es fundamental, habida cuenta que este músculo es el que ejecuta y potencia el éxito de los alcances empresariales proyectados.

Por otro lado, es fundamental que el entorno país por medio de sus gobiernos nacionales, estadales y locales, garanticen la prestación de unos servicios públicos eficientes que le permitan a la fuerza laboral desplazarse y cumplir a cabalidad con sus obligaciones: electricidad continúa, agua potable, gas, vialidad, transporte público, recolección de basura, telefonía, internet y comunicaciones en general, y desde luego generar seguridad personal, tanto para las personas, como para los bienes, respetando por encima de todo el derecho a la propiedad privada.

Estas condiciones son indispensables para que cualquier capital foráneo o nacional pueda sentirse atraído para realizar inversiones seguras y competitivas.
Ahora bien, el empresariado venezolano y en especial el zuliano, se ha visto sensiblemente afectado por las precarias e inexistentes condiciones en su entorno que le hagan atractivo invertir. La mayoría de las leyes que desarrollan cualquier actividad en Venezuela, reconocen su carácter estratégico, de orden público e interés social, colocando al Estado como centro y actor principal de la misma.

Mientras esta camisa de fuerza este presente como un cepo que asfixia la producción de bienes y servicios, jamás podrá garantizarse productividad segura, desde luego, habrá que derogar todas esas leyes que paulatinamente han ido estatizando y secuestrando a la actividad económica.

Los precarios y casi inexistentes servicios públicos, en manos de empresas del Estado, gerencia dos por manos inexpertas e incapaces, desprofesionalizados en su mayoría, han golpeado severamente toda actividad laboral. ¿Quién puede trabajar sin luz o con apagones continuos de electricidad? ¿Qué empresa puede generar productividad sino tiene agua, gas, teléfono e Internet para estar conectado comunicacionalmente al mundo exterior? ¿Qué industria o sociedad mercantil puede progresar si sus trabajadores carecen de transporte público que los desplace oportunamente? Pareciera que deliberadamente las autoridades locales zulianas han apoyado con su actitud casi inerte, los saqueos y robos que se escenificaron en los últimos días en nuestra ciudad, en detrimento de la ciudadanía en general, que será la gran afectada por estas carencias.

Me atrevo a afirmar que después de estos recientes eventos que se dieron en Maracaibo, no existe músculo financiero, ni económico ni mucho menos psicológico en los empresarios locales para afrontar una recuperación de los negocios saqueados a corto, ni a mediano plazo.

La presión tributaria representada por el pago de impuestos nacionales, estatales y municipales cuyas alícuotas cada día son incrementadas por las autoridades municipales y las cuales no son retribuidas en bienes y servicios públicos, así como el pago de contribuciones parafiscales ,desalientan a cualquier empresario, sin dejar de mencionar que ahora también tienen que incurrir en altos desembolsos dinerarios que deben pagarse para compensar los inexistentes servicios públicos, como son camiones cisternas para el suministro de agua potable, estimados y pagados en dólares, la instalación de plantas eléctricas, el pago del transporte privado que facilite el desplazamiento de la fuerza laboral y la vigilancia privada que garantice su seguridad.

Todas estas externalidades negativas que están afectando a la actividad económica, comercial e industrial han contribuido a golpear severamente la producción de bienes y servicios, de allí que los escasos empresarios que quedan deben ser considerados como verdaderos héroes de la patria que han resistido con estoicismo los embates de esta situación calamitosa. No en vano han desaparecido más de la mitad de las empresas que existían para el año 1998.

Todo pasa por un obligado cambio de gobierno que respete a la propiedad privada y establezca reglas de juego claras dentro de un marco legal estable, respetándose a las instituciones, al estado de derecho y de justicia, dándole prioridad al rescate inmediato del funcionamiento de los servicios públicos.

Estamos convencidos que más temprano que tarde, estos cambios se producirán, respetando a la democracia como sistema perfectible de gobierno, pero por encima de todo, rompiendo paradigmas culturales que introduzcan ética y valores a la sociedad venezolana como el amor por el trabajo, la búsqueda de la excelencia, la responsabilidad, la honradez, el afán por el ahorro y la inversión, el reconocimiento social ,el respeto al derecho de los demás, entre otros, para definitivamente sustituir actitudes y conductas perversas como la viveza criolla y el capitalismo salvaje de muchos venezolanos que quieren maximizar sus ganancias con el mínimo esfuerzo.